La senadora nacional Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) dejó al descubierto «insólitas inconsistencias» en el artículo de reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, por ejemplo: la sesión de tierras fiscales para un privado y lo que puede generar.
La senadora Juliana Di Tullio este lunes describió con un ejemplo práctico la forma en que podrían realizarse negocios privados en grave perjuicio del Estado, de aprobarse la Ley Bases impulsada por el presidente Milei en la Cámara Alta.
«¿Saben qué es el silencio positivo para la ley? Que si un organismo no responde en 60 días, da por aceptado mi pedido. Así, cualquier privado podría quedarse con las tierras del Sarmiento… negocio inmobiliario ya te siento».
Juliana Di TULLIO
¿Saben qué es el silencio positivo para la ley? Que si un organismo no responde en 60 días, da por aceptado mi pedido. Así, cualquier privado podría quedarse con las tierras del Sarmiento… negocio inmobiliario ya te siento.#NoALaLeyBases pic.twitter.com/KkxUjLBnYx
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) May 13, 2024
Ante la consulta de Juliana di Tullio, mediante un ejemplo, si la Ley Bases determina que ante la falta de respuesta del Estado, alguien pueda quedarse con tierras, Carlos Nielsen Enemark, magíster en Derecho Administrativo, invitado a exponer sobre este tema respondió que «sí«.
«Soy de Morón así que vamos a hablar de mi barrio, por ejemplo, pedir permiso para realizar un emprendimiento privado sobre tierras fiscales del ferrocarril Sarmiento y no me contestan en 60 días, entonces es mía. A mi eso me suena a un montón de negocios inmobiliarios, pero ponele que yo me quedo con esa parcela de tierra y exijo la inscripción registral y la autorización correspondiente. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, doctor?», argumentó la senadora Juliana Di Tullio, a lo que el especialista respondió: «Está pensando correctamente».
En esta línea, Nielsen Enemark explicó: «Es un proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado y no observa lineamientos de interés común. No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos».
«Se pueden contabilizar 11 errores graves, 6 errores terminológicos, 8 inconsistencias, 3 contradicciones, 8 errores conceptuales y 13 interrogantes abiertos. Son 49 inconvenientes», remarcó, sobre un artículo que pasó sin problemas la Cámara de Diputados.
Y concluyó: «Este proyecto tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.
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