Representantes sindicales, políticos y sociales denunciaron penalmente a las y los diputados que votaron la Ley Bases por violación a los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de instrumento público (art 248 y 299 CPN).
Representantes de Derechos Humanos, personalidades de la política, de la justicia y del sindicalismo, presentaron el último jueves una denuncia penal con las y los legisladores que el pasado 30 de abril votaron la Ley Bases donde se le otorga la suma del poder políticos al Ejecutivo Nacional.
La presentación judicial contó con la firma de Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Hugo “Cachorro” Godoy, Claudio Lozano, Jorge Elbaum y Atilio Borón. La acusación contra las y los legisladores nacional se confeccionó bajo “las figuras de violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad (art. 248 CPN), y falsedad ideológica de instrumento público (art. 292 CPN)”.
En la presentación se expuso que “debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos denunciados, particularmente ya adelantamos que el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei debe ser investigado como posible instigador (art. 45 del Código Penal) al enviar el Proyecto de Ley sancionado (en media sanción) por la Cámara de Diputados y que si los Senadores ingresan en el mismo ámbito de ilicitud en el trámite de la Ley deben ser alcanzados por esta denuncia de oficio (por tratarse de un delito todavía en ejecución)”.
Asimismo, se dejó constancia que “no se trata aquí de ‘criminalizar’ opiniones, ni discursos -aunque muchas veces esos discursos sí resultan ‘en sí mismos’ constitutivos de un delito, p. ej., cuando por su intermedio se practica la apología de delitos y/o delincuentes-; aquí, repetimos, se trata de lo que hicieron los Legisladores, apartándose de sus deberes concretos, mediante inadmisibles concesiones de poder que convierten al Poder Ejecutivo Nacional en una suerte de ‘soberano absoluto’”.
En este contexto, las y los denunciantes manifestaron que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni a las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Al mismo tiempo, indicaron que “la gravedad de la situación creada por Javier Milei requiere respuestas comprometidas con la democracia. Denunciar los atropellos no es una opción, sino una obligación”.
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