El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que la administración de Milei «se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen» y asegura que la Casa Rosada retiene $ 397 mil millones que corresponde a las provincias. Es la cuarta Provincia de la Argentina que va a la Justicia para frenar la embestida del gobierno nacional, poniendo así en valor la Constitución Nacional y la defensa del Federalismo.
Por Oscar Dufour | (*)
En un contexto de crecientes tensiones entre las provincias y la administración de Milei, el gobernador Sergio Ziliotto con valentía y sólidos argumentos, sostiene que estos recursos deben ser distribuidos bajo criterios de igualdad, solidaridad y automaticidad, priorizando las equivalencias de desarrollo y calidad de vida. Este enfoque, destacó, está alineado con los postulados de la reforma constitucional de 1994, que modificaron el criterio original de distribución de la ley de Coparticipación. Se llama democracia y respetar la Constitución Nacional de la República Argentina.
Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado a cargo de la letrada Romina Schmidt y con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez solicitó, mediante la interposición en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una acción declarativa de inconstitucionalidad para que los recursos perteneciente al uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa de los fondos coparticipables que pertenecen a las provincias y se distribuyan secundariamente mediante el sistema de remisión automática diaria.
«Ante el inédito ahogo financiero que sufren las provincias, urge profundizar la defensa del Federalismo».
Sergio ZILIOTTO
Profundizando el ahogo financiero de las provincias, el Gobierno nacional retiene $ 397 mil millones que corresponde a los estados federales. Conforme lo dice en forma expresa la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional es dinero que pertenece a las provincias y que debe ser distribuido por el Estado Nacional atendiendo a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, sostienen en un comunicado.
Existiendo situaciones de emergencia económica en todas las provincias, el Estado Nacional se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de Coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales.
El Gobierno nacional sólo ha transferido $10.300 millones en pocas provincias, lo que configura una suma ínfima con relación al total no distribuido.
Esta situación no tiene antecedentes en gobiernos anteriores. La última distribución masiva data del mes de noviembre de 2023. En esa oportunidad, el ministro de Economía Sergio Massa distribuyó $131.000 millones al conjunto de las 24 jurisdicciones federales.
Sin dudas, esta actitud del Gobierno nacional profundiza el cada vez más evidente deterioro del federalismo fiscal. Un elemento más que se suma a la reversión de la distribución establecida en la actual ley de coparticipación federal que inicialmente asignaba un 58 % al conjunto de provincias. Hoy, ese porcentaje queda en manos del Estado Nacional.
La presentación ante la CSJN imputa la inobservancia de lo establecido en la reforma de 1994 que, en el art. 75 inciso 2, que constitucionalizó el sistema de coparticipación federal de los impuestos directos e indirectos estableciendo un sistema de distribución de los recursos equitativo, solidario, que priorice un grado de equivalente desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país y, a la vez, garantice la automaticidad de la remisión de fondos.
La distribución de los fondos coparticipables, provenientes de los ATN, dependen de la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional sin tener en cuenta ningún parámetro constitucional de distribución, lo cual colisiona los criterios objetivos de reparto previstos por el art. 75 inc. 2 de la Constitución de la Nación Argentina causando un daño irreparable a las provincias y fundamentalmente a los derechos de sus habitantes.
La demanda del gobernador Ziliotto pone de relieve la necesidad urgente de una distribución equitativa de los recursos, la resolución de esta demanda a la administración de Milei, que suma a tres anteriores presentadas por otras Provincias -Chubut con «Nacho» Torres, La Rioja con Ricardo Quintela y Buenos Aires con Axel Kicillof- tendrá implicaciones significativas y definitorias para el porvenir del federalismo en Argentina. Sino, «seremos una triste colonia sin presente ni futuro».
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.
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