La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia el próximo 11 de julio para analizar la creciente represión a la protesta social en Argentina desde que asumió Milei. Diputados de Unión por la Patria realizarán una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de haber sido gaseados por la Prefectura Naval.
Por Oscar Dufour | (*)
Son claras y evidentes señales que confluyen en la des-legitimización de la democracia, bastaron solo seis meses para que la creciente desconfianza de los ciudadanos de la Argentina empiece a tener miedo de perderla. Son los tiempos, los meses, los días, con la sensación de vivir en peligro. Habíamos dicho como sociedad y política de Estado «Nunca Más». Pero hay un «topo» confeso dentro de él.
Rechazar la Constitución Nacional o expresar la voluntad de no acatarla, negar la legitimidad de los adversarios políticos, tolerar o fomentar la represión de opositores, la predisposición para restringir derechos, son características que llevan a distinguir cuando un potencial autócrata o dictador aparece en la escena política de un país. Deseamos que no sea el caso de la Argentina, que observa una «estrategia represiva» que lleva a la criminalización de la protesta social y la libertad de expresión; ya que no solo habríamos fracasado sino que abriríamos una nueva «caja de pandora».
El pasado miércoles, la ministra de Seguridad, celebró la represión contra manifestantes que protestaban contra la ley Bases en el Senado. Sin embargo, las acciones de Bullrich llamaron la atención de la CIDH, que decidió abordar el tema en una audiencia virtual programada para el 11 de julio. La audiencia analizará en consecuencia la situación de la protesta social y la libertad de expresión en Argentina.
«Los diputados de Unión por la Patria, que fueron gaseados durante la manifestación del miércoles, planean presentar una denuncia penal en Comodoro Py el próximo martes. Entre los denunciantes se encuentran Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra y Lorena Pokoik«.
La solicitud para esta audiencia, premonitoria a la luz de los hechos del pasado 12 de junio, había sido presentada el 15 de abril por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la CONADU y otras organizaciones de derechos humanos y gremiales. Estas entidades denunciaron una grave situación de obstaculización, amenazas, ataques y criminalización de la protesta social y la libertad de expresión en el país.
El protocolo de orden público implementado por Bullrich derogó la resolución 210/11, que protegía a los manifestantes y trabajadores de prensa, y permitió el uso de armas con postas de goma y químicos irritantes como gases. Este protocolo ha sido utilizado en varias ocasiones para reprimir protestas, criminalizando a los manifestantes y obligándolos a resarcir al Estado por los gastos de los operativos. Por otro lado, poco se habla de la Defensa del orden Constitucional y los artículos 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación Argentina.
En particular para el Tribunal internacional, se hizo énfasis en la represión violenta ocurrida entre enero y febrero durante el debate de la primera versión de la ley Bases, donde incluso periodistas fueron atacados. Lo acontecido el pasado miércoles, suma además un nuevo capítulo y a integrantes del Poder Legislativo de la Nación.
La democracia argentina está pasando momentos tormentosos, un escenario en desarrollo donde necesitamos «Más que Nunca» partidos políticos responsables y dirigentes valientes.
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.
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