La medida fue habilitada por decreto y se aplicaría luego de 60 días de atraso en el pago desde el segundo vencimiento. La Defensoría del Pueblo Bonaerense pidió que los organismos no la apliquen: «Afectaría los derechos de los habitantes de la Provincia».

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que modifique el decreto por el que habilitó a las empresas prestadoras del servicio de agua potable a interrumpir el suministro por falta de pago, al considerarla una medida «inconstitucional e irrazonable».
El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino se dio como respuesta al DNU que introdujo cambios sustanciales en la regulación del servicio que presta AySA. Entre otras modificaciones, se permitirá a la empresa interrumpir el suministro luego de 60 días de atraso en el pago desde el segundo vencimiento, cuando antes sólo se producía una restricción parcial.
«Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia».
Guido LORENZINO
Además, la Defensoría le recomendó al Ministerio de Economía de la Nación, al Órgano de Contralor (ERAS) y a AySA que hasta tanto se produzca esta modificación en el decreto se abstengan de implementar los cortes totales del servicio.
❌Rechazamos el DNU del gobierno nacional con el que habilitó a AySA a cortar el suministro del agua por falta de pago.
🗣️“Es una decisión inconstitucional e irrazonable», dijo @GLorenzino.
💻Mirá más acá de que se trata: https://t.co/uG9FBspo6H pic.twitter.com/ropnrY2oa5
— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) November 14, 2025
En su postura, el organismo considera al suministro del agua potable y cloacas como un derecho humano esencial. Además, indicó que este tipo de modificaciones no debe hacerse por DNU sino mediante una ley, y que tanto el Estado como las empresas públicas o privadas deben garantizar el contenido mínimo esencial del agua, incluso frente a la falta de pago.
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