La senadora nacional del PJ pidió investigar irregularidades en la contratación directa de cursos de inglés por más de $114 millones en Cancillería, que habrían beneficiado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa del ministro de Desregulación.
Este miércoles la senadora del Bloque Justicialista, Juliana Di Tullio, presentó una denuncia penal ante la justicia Federal, no solo contra Sturzenegger, sino también contra su esposa Josefina Rouillet -titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa que contrató la Cancillería-, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios por «Defraudación contra la administración Pública y encubrimiento».
La denuncia que presentó la senadora Juliana Di Tullio puso el foco en una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados en la contratación irregular de los cursos de inglés por más de 114 millones de pesos.
La denuncia identificó con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la esposa del ministro. Los denunciados son: Rouillet, denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública por ser la Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) -entidad beneficiaria del contrato- y esposa de Sturzenegger.
También María Cristina Dellepiane, denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública en su carácter de Subsecretaria de Coordinación y Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue ella quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE.
Otro de los denunciados es el Canciller Pablo Quirno al que se lo acusa por la presunta comisión del delito de encubrimiento por “omisión de denuncia”. Ya que, según explica la demandante, el canciller “optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales en lugar de denunciar las irregularidades”.
Además, el texto incluye a Sturzenegger que fue denunciado por presunto tráfico de influencias. El escrito sostiene que “no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge”.
En la denuncia, además, Di Tullio pidió que se investigue como “partícipes necesarios” a los titulares de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato. Allí menciona al director de Desarrollo de Recursos Humanos de la Cancillería; al director de Compras y Contrataciones; director de Asuntos Jurídicos ambos de la misma cartera y por último, al director de Planificación de Políticas de Transparencia y el Director Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción.
Se conoció que el ministro Sturzenegger gastó 720 millones de pesos en alquilar cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño para su cartera y 24 cocheras. A Ese monto millonario se sumó a otro que es el contrato por 114 millones que el Estado -mediante la Cancillería y sin hacer una licitación pública- le pagó a su esposa para que el instituto que ella dirige le de clases de inglés a diplomáticos del servicio de relaciones exteriores del país.
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