El arzobispo de La Plata y titular de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Senado de la Nación, participó del debate por el acceso a la vivienda impulsado por el gobierno de Milei y advirtió por el impacto en los Barrios Populares.
El controversial debate de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado fue el escenario en estos días de una nueva discrepancia entre la Iglesia Católica y el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), una escena que se viene repitiendo sistemáticamente y en diferentes ámbitos sobre distintos temas y cuestiones que ponen en evidencia desacuerdos sobre las formas de encarar los problemas de la sociedad.
El arzobispo Gustavo Carrara centró su presentación en la defensa de la ley de Barrios Populares (27.453 de “Regularización dominial para la integración socio urbana”) advirtiendo sobre la importancia de no avanzar con las modificaciones propuestas por el proyecto de ley porque significaría un retroceso en materia de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda. Pero además, porque “la discusión en torno a esta norma no puede reducirse a una oposición abstracta entre propiedad privada e intervención estatal” sino que debe tomarse en cuenta la situación de las personas que habitan en los barrios populares.
En un debate que se prolongó durante más de cuatro horas bajo la presidencia de los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta y la encuadró dentro lo que definió como los “dos pilares centrales” del gobierno de Javier Milei: el equilibrio fiscal y la libertad económica.
Frente a ello, Carrara sostiene que el proyecto impulsado por Sturzenegger «rompe una política de amplio consenso, abre la puerta a desalojos forzosos y elimina mecanismos que garantizaban compensación y resolución ordenada de conflictos, aumentando la litigiosidad».
El arzobispo platense expresa que la ley 27.453 (aprobada de forma unánime en 2018 y ratificada en 2022) «consolidó la integración socio urbana como una política de Estado otorgándole un nivel de legitimidad institucional excepcional y una transversalidad a gobiernos de distinto signo político». Porque -dijo Carrara- “los barrios populares no son fenómenos recientes ni situaciones transitorias” sino que “son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina”. Y recordó al mismo tiempo que “gracias al relevamiento realizado por el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) se cuenta con información fehaciente sobre las condiciones de esta realidad estructural: el 73,)% de estos barrios fueron conformados hace más de 20 años”.
Carrara afirma los resultados de la aplicación de la ley “muestran la capacidad del régimen vigente para abordar una problemática estructural con instrumentos concretos y escalables” que se reflejan en 868.991 certificados de vivienda familiar (CVF), 13.038 de los cuales se entregaron durante la gestión actual. En cambio, para Sturzenegger después de una década de vigencia Ley 27.453 de Barrios Populares, solo logró regularizar “una porción mínima” de los casos lo que a su juicio demuestra la “ineficacia estructural del Estado” para realizar esa tarea.
El titular de Cáritas insistió además en que la reforma prevista elimina «los instrumentos centrales que sostienen el régimen de integración socio urbana» que consisten en la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles del RENABAP y la suspensión de desalojos durante los procesos de regularización.
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