La votación en Diputados resultó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Si se aprueba en el Senado, se cae la decisión presidencial. «Rechazar el veto y poner en marcha la ley», sostuvo el presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, Daniel Arroyo.
La Emergencia en Discapacidad fue la primera en tratarse en la sesión de la Cámara de Diputados, donde la insistencia de la ley cosechó 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Hubo 247 presentes, con lo cual se requerían 165 para la mayoría especial, cifra que fue superada por siete.
«Si el Senado también ratifica la norma por un mayoría de dos tercios, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional».
LO LOGRAMOS!!! Conseguimos más de dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. La remamos entre todos, sólo queda un paso: el Senado. pic.twitter.com/jft49nYh45
— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 20, 2025
«LO LOGRAMOS!!! Conseguimos más de dos tercios de los votos para rechazar el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. La remamos entre todos, sólo queda un paso: el Senado».
Daniel ARROYO
El Presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, el diputado nacional Daniel Arroyo fue conceto y manifestó: «La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica». Agregó, además, que «el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado».
«La situación de verdad está colapsada: la persona que va a trabajar cuatro horas a un taller protegido sigue cobrando $28 mil por mes, el transportista sigue cobrando $541 el litro de nafta y no puede trasladar los cinco días a una persona que hace un tratamiento, un acompañante terapéutico cobra a seis meses solo $3.000 por hora, los hogares y los talleres están a punto de cerrar, y reordenar todo eso es 0,003% del PBI», amplió Daniel Arroyo. Luego, reiteró: «No tiene impacto fiscal».
Después de enumerar una serie de cuestionamientos, el diputado massista cargó que «quedan varias cuestiones fuera de la ley porque esta es una ley de emergencia que le dice al Gobierno ‘haga lo que tiene que hacer y hágalo’». Sugirió, también, que «el Estado tiene la obligación de respetar y tratar bien a las personas, y no puede hacer una resolución denominando a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’». Pidió, por último, «rechazar el veto y poner en marcha la ley».
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