El operativo de seguridad durante la marcha de jubilados en Congreso, con la Policía Federal en el primer cordón a cargo de las detenciones, exhibió la priorización de la fuerza represiva sobre el diálogo y la contención social. Lejos de tender puentes. De esta manera, el gobierno de Milei militariza el espacio público y utiliza el poder del Estado para disciplinar a la disidencia en Argentina.


 

 

Este miércoles hubo represión nuevamente frente al Congreso Nacional, pero esta vez con un fuerte protagonismo de la Policía de la Ciudad que se sumó al operativo de las cuatro fuerzas federales. Dejó a más de una decena de heridos y dos detenidos, entre ellos, del padre Francisco «Paco» Olveira.

El sacerdote detenido antes de que el Congreso Nacional estuviera vallado, mientras participaba de un rezo ecuménico. «Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir», dijo el integrante de Curas de Opción por los Pobres tras ser liberado junto al fotógrafo Fidel Tomás Bravo (foto de portada).

Tras los incidentes, los organismos que funcionan como Mecanismo de Prevención de la Tortura indicaron que las fuerzas porteñas desplegaron «una irracional represión».

 

 

La Mesa Ecuménica, integrada por diversas iglesias que acompañan cada semana a los jubilados, denunció la violencia institucional y exigió explicaciones. “No sabemos por qué lo detuvieron ni quién dio la orden. ¿Van a judicializar la posibilidad de venir a orar a la plaza, como hacemos todos los miércoles?”, expresó sobre lo sucedido con el padre Paco Olveira.

Este episodio trasciende la mera aplicación del protocolo de seguridad. Es la respuesta autoritaria de un gobierno que, mientras ejecuta un ajuste brutal a expensas de los sectores más desprotegidos, criminaliza el reclamo legítimo y pacífico. La detención del sacerdote Olveira, un «pastor con olor a oveja» como lo describía el el siempre recordado papa Francisco, junto a un joven manifestante identificado como Fidel, subraya la voluntad punitiva del Ejecutivo nacional.

La protesta de los jubilados, que se repite cada miércoles, es la manifestación palpable de un profundo malestar social que, tal como señaló el propio Olveira, es la «punta del iceberg» de una crisis que el gobierno se empeña en ignorar. Estos ciudadanos, que dedicaron su vida al trabajo, hoy se encuentran sumidos en la desesperación debido a la asfixia económica impuesta por el modelo libertario.

 

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