El modelo tecnoautoritario como amenaza democrática
Amnistía Internacional pide a las autoridades argentinas que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para una vigilancia discriminatoria tanto masiva como específica, y que prohíban el uso ilegal de estas tecnologías por parte de todos los actores públicos y privados. Una infraestructura de vigilancia cada vez más amplia y un tecnoautoritarismo «acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas».
Por Oscar Dufour | (*)
En un escenario de creciente tensión política, Amnistía Internacional lanzó una advertencia directa al gobierno de Javier Milei, exigiendo la prohibición absoluta del uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto destinadas a la vigilancia masiva o discriminatoria. La organización señala en su informe que la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial (IA) consolida un «Estado de Vigilancia» que atenta contra las libertades democráticas fundamentales.
Técnicamente, la introducción de la IA biométrica en el patrullaje convierte las presunciones de inocencia en presunciones algorítmicas de culpabilidad. Dado que la tecnología no es neutral, su uso masivo e indiscriminado delega la restricción de la libertad ambulatoria a sistemas matemáticos fallidos, opacos y discriminatorios.
El reclamo surge tras revelar que el Estado argentino destinó más de 1,2 millones de dólares a la adquisición de software espía, ciberpatrullaje y sistemas de reconocimiento facial automatizado. Para la organización, el uso de estas tecnologías sobre la población civil no solo viola el derecho a la privacidad, sino que se utiliza como un mecanismo de control social e intimidación política.
El gobierno de Milei creó en 2024 la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Según dicta la resolución 710/2024, este espacio «tiene como misión la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial». Así, entre sus actividades está el patrullaje de las redes sociales, aplicaciones y sitios de internet. Un dato no menor y actual, es que en muchos países del mundo estos sistemas están en retirada por problemas originados a partir de la presencia de sesgos y por la imposibilidad de dotar a los mismos de un grado de transparencia adecuado.
El núcleo del conflicto: Vigilancia biométrica y persecución
Amnistía Internacional enfatiza que los sistemas de reconocimiento biométrico en espacios públicos operan como una «redada virtual permanente». El impacto político y social de esta exigencia se fundamenta en tres ejes críticos: «Criminalización del disenso; Sesgos y discriminación; finalmente subraya un efecto inhibitorio en la democracia».
La tecnología de IA se está empleando de manera desproporcionada para identificar, registrar y perfilar a manifestantes, líderes sociales, periodistas y colectivos vulnerables, como los movimientos de jubilados.
Múltiples auditorías globales demuestran que estos algoritmos automatizados poseen altos márgenes de error que penalizan de forma discriminatoria a minorías y sectores postergados, automatizando los prejuicios policiales.
La certeza de ser monitoreado mediante IA genera un clima de autocensura, vaciando las calles y las redes sociales del debate crítico necesario para una sociedad libre, atentando directamente contra nuestro sistema democrático.
Un llamado urgente a los tres poderes del Estado
Frente a lo que define como un avance tecnoautoritario sin precedentes en la historia reciente del país, Amnistía Internacional insta al Poder Ejecutivo a frenar los contratos vigentes y al Poder Legislativo a dictar leyes operativas que voten la prohibición de la vigilancia biométrica en espacios públicos. La organización recalca que la seguridad pública no puede construirse destruyendo las garantías constitucionales.
Ante este grave retroceso institucional, debería formularse una interpelación inmediata y coordinada a los pilares de la República:
Al Poder Ejecutivo, suspender de forma inmediata la ejecución de los contratos de software de reconocimiento facial, ciberpatrullaje y cruce de datos masivos. La seguridad democrática debe ajustarse a los tratados internacionales de derechos humanos, cesando el uso de la IA como herramienta de control y persecución política.
Al Poder Legislativo, dictar con urgencia un marco regulatorio que establezca la prohibición absoluta de la vigilancia biométrica remota en espacios públicos. Es imperativo ejercer un control parlamentario riguroso sobre las partidas presupuestarias de seguridad y auditar de forma independiente los sistemas tecnológicos adquiridos.
Al Poder Judicial, actuar como garante último de la Constitución Nacional frente a los abusos del poder estatal. La Justicia debe declarar la inconstitucionalidad de cualquier medida de vigilancia masiva que vulnere el derecho a la privacidad, el debido proceso y la libertad de reunión de los ciudadanos.
Conclusión
El modelo tecnoautoritario como amenaza democrática.
El despliegue de tecnologías de vigilancia masiva e inteligencia artificial (IA) por parte del Poder Ejecutivo argentino no representa un avance en la seguridad ciudadana, sino la consolidación de un modelo tecnoautoritario.
Este paradigma utiliza la tecnología estatal para criminalizar el disenso, transformando el legítimo derecho a la protesta y la libertad de expresión en supuestos informáticos de peligrosidad. Al someter a la población civil a un monitoreo biométrico constante, se anula el anonimato en el espacio público y se infunde un efecto inhibitorio sobre la democracia.
En algún punto de estos sistemas que no esconden más que complejos cálculos estadísticos, esto ya no es solo un problema de datos personales, sino que se trata de un cuestión de soberanía política y jurídica.
En síntesis, una sociedad que se sabe vigilada de forma permanente es una sociedad que se autocensura, vaciando las calles y las redes del debate crítico esencial para el pluralismo político.
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires. 
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