La sesión de este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Senado de la Nación quedará registrada como un punto de inflexión en la historia del federalismo legislativo argentino. La sanción de la reforma al régimen de Zona Fría, que desmantela los subsidios universales al gas para más de tres millones de usuarios en múltiples provincias de Argentina, no solo representa un severo golpe al bolsillo de los sectores medios y vulnerables; expone, además, una claudicación política que cala hondo en las representaciones provinciales y, una profunda herida en una mayoría de familias de todo el país.
El rechazo del Bloque Peronista
Mientras el Bloque Justicialista mantuvo una postura de rechazo orgánico, decidiendo retirar a sus legisladores del recinto para vaciar el quórum en una muestra de resistencia contra lo que catalogaron como un «nuevo y brutal tarifazo», la atención de la jornada se centró en la paradoja de los representantes del sur del país.
Soria expresó vergüenza por los senadores patagónicos
Fue el propio senador nacional rionegrino Martín Soria quien sintetizó el malestar con declaraciones de alto impacto que resonaron con fuerza en los despachos del Congreso Nacional. Soria expresó sentir «vergüenza por los senadores patagónicos que dieron quórum y votaron a favor de recortar el régimen de tarifa diferencial de gas por Zona Fría». Sus palabras apuntaron al corazón de la contradicción: legisladores electos para defender los intereses históricos y las particularidades climáticas de sus comunidades, terminaron facilitando la llave del recinto (el crucial número de 37 presentes) para convalidar el ajuste diseñado por un gobierno anarco-colonialista instalado en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
El gobierno de Milei cercenó de cuajo derechos adquiridos
El argumento del oficialismo y sus aliados circunstanciales giró en torno al «ordenamiento fiscal» y a la promesa de futuras compensaciones en tarifas eléctricas para las «zonas cálidas» del norte. No obstante, el costo inmediato de este pacto político es la desprotección masiva. Al restringirse el beneficio casi con exclusividad a la Patagonia estricta, la Puna y Malargüe, se cercenaron de cuajo los derechos adquiridos por millones de hogares en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, provincias que desde hoy pierden el descuento directo en sus boletas justo en un contexto socioeconómico crítico.
Una profunda herida política en la Patagonia
La postura firme del peronismo, alineada con la advertencia del senador Martín Soria, plantea un escenario de alta conflictividad de cara al futuro. Al negarse a legitimar lo que consideran un despojo federal, el Bloque Justicialista marca una línea discursiva clara: la energía no puede ser tratada únicamente como una variable de ajuste contable, y la lealtad hacia los representados territoriales no debería ser moneda de cambio en las negociaciones de los gobernadores con el poder central.
La votación de este jueves deja una ley aprobada, pero también una profunda herida política en la Patagonia que las facturas de gas del próximo invierno se encargarán de recordar.
Por Oscar Dufour | (*)
