José Oscar Del Río, exvicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires, presentó un escrito y se negó a responder preguntas, al ser indagado por su participación en la reunión de junio de 2017 en la que se habló de una «Gestapo» y se planificaron acciones para armar causas contra gremialistas.


 

Un empresario de la construcción presentó este lunes un escrito ante la Justicia federal para tratar de desligarse de los espías que asistieron a la reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se trazaron estrategias para acorralar judicialmente al gremialista platense de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina y lograr su encarcelamiento, informaron fuentes judiciales.

Se trata del exvicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción de la provincia de Buenos Aires, José Oscar del Río, quien escuchó la imputación en su contra y, al igual que otros dos empresarios indagados la semana pasada, aseguró en un escrito que fue convocado a la reunión por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense, que asistió para tratar problemáticas que venían desde hacía tiempo con la UOCRA La Plata y que no conocía a todos los asistentes.

Todos los hombres de negocios que declararon en lo que va de la investigación recurrieron a la misma fórmula: se expresaron por escrito, definieron el convite como un evento de corte «institucional» y negaron conocer a todos los asistentes, de modo que -sin nombrarlos- buscaron despegarse de la ilegal presencia directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en aquel encuentro.

La causa

En la causa se investiga lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

A aquel encuentro concurrieron empresarios, directivos de la AFI y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, además del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, también enrolado en ese espacio político, Julio Garro.

A los imputados se los acusa de haber participado de una estrategia dirigida a perjudicar al dirigente de la Uocra de La Plata, su entorno y a la entonces conducción de la seccional de la capital bonaerense, para la cual se recurrió a maniobras de inteligencia ilegal y se manipuló el accionar de la Justicia.

Las indagatorias

La ronda de indagatorias seguirá con la declaración del empresario de la construcción y presidente de Agrineco, Fabián Cusini, prevista para este martes, mientras que para el miércoles y jueves están citados el también empresario de la construcción Bernardo Zaslascky y el directivo de una empresa de derivados de petróleo y carbón Copetro, Marcelo Jaworski.

Los cuatro empresarios participaron de la reunión de junio de 2017 en el piso 7° de la sede porteña del Banco Provincia, como también lo hicieron Guillermo Moretto, extitular del Colegio de Arquitectos de La Plata, y el empresario José Alconada Magliano, quienes la semana pasada declararon en el juzgado y al comparecer ante el juez entregaron escritos, rechazaron los cargos y se negaron a responder preguntas.

Tanto Moretto como Alconada Magliano manifestaron que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo bonaerense, por entonces al mando de Marcelo Villegas, para asistir a una reunión «institucional» y «de trabajo» en representación de sus instituciones, y dijeron que ignoraban que agentes de la AFI estarían presentes en el encuentro, que además fue grabado por cámaras de video colocadas previamente.

Entre los imputados están también la exgobernadora Vidal, el exministro Villegas, el exsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, y los exdirectivos de la AFI Darío Biorci, Sebastián De Stéfano (Asuntos Legales) y Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia).

La querella del sindicalista Medina solicitó este lunes que la justicia investigue las llamadas entrantes y salientes del procurador bonaerense Julio Conte Grand y también de una colaboradora de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, a quienes vinculó con la trama de presunta persecución al dirigente gremial, informaron fuentes judiciales.

El abogado Cesar Albarracín, representante de la querella, propuso que se soliciten a las respectivas compañías telefónicas los listados de llamadas entrantes y salientes de María Soledad Borsani, exfuncionaria del gobierno provincial y amiga desde la infancia de Vidal, luego de que su nombre surgiera en el expediente.

El nombre de Borsani apareció en un diálogo por WhatsApp -acreditado en la causa- mantenido entre Emilia Jaime, asesora del directorio del Banco Provincia y Guillermo Squillari, empleado del banco, cuando se estaba organizando el espacio para que se llevara a cabo la reunión del 15 de junio de 2017, en la sede porteña de la entidad bancaria, en la que coincidieron empresarios, funcionarios públicos y espías.

«Cualquier cosa me llamás a mí», le dijo Squillari ante la posibilidad de que hubiera algún contratiempo vinculado con la reserva del salón y el acceso de los invitados, y luego le envió otro mensaje: «Y si ya entré al médico y si pasa algo importante llamás directamente a Soledad Borsani al celu y lo ves con ella, que fue quien me pidió esto».

En el mismo escrito de 9 páginas, la querella solicitó que se requiera el listado de llamadas entrantes y salientes de los abonados pertenecientes al procurador Conte Grand «dado que tiene fluidas comunicaciones con el resto de los imputados (Vidal y sus exfuncionarios), además de haber sido específicamente mencionado en la reunión del 15 de junio de 2017», información que surge del análisis de llamadas de los imputados.

«A ello se suma el hecho comprobado de que -luego de aquella reunión- se impulsaron múltiples procesos penales contra Medina en el fuero provincial y ellos dieron base a tres órdenes de detención y tres prisiones preventivas dictadas en paralelo a la causa federal iniciada con posterioridad», señaló la querella.

 

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