«Nuestra salud mental es un derecho, no un privilegio», señalaban las pancartas de las manifestantes, quienes marcharon para reclamar y presentar un petitorio con el objetivo de modificar la Ley de Salud Mental y pedir por la creación de una normativa especifica sobre adicciones.
Madres de todo el país marcharon este viernes al mediodía al Congreso Nacional, y en diferentes provincias, para reclamar y presentar un petitorio con el objetivo de modificar la Ley de Salud Mental y pedir por la creación de una normativa especifica sobre adicciones, inversión y políticas de prevención.
Más de cien personas acompañaron con pancartas que decían «Nuestra salud mental es un derecho, no un privilegio», y marcharon junto a Stella Maurig (Lala), cuyo hijo se suicidó tras atravesar años de consumo, y Marina Charpentier, la mamá del cantante Chano, quienes organizaron esta actividad denominada «#lamadremarcha», convocada en diferentes provincias del país.
Charpentier se sumó a esta causa a partir de la experiencia con su hijo que en 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial recibida durante un brote padecido.
Con una bandera argentina que rodeaba a madres, hijos e hijas y familias, con la insignia «la madre marcha» dieron una vuelta alrededor del Congreso de la Nación y Maurig junto a Marina, enumeró los puntos centrales del petitorio que presentaron a la diputada Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud.
«Las adicciones necesitan de un marco legal específico porque son patologías puntuales; las madres no somos internadoras compulsivas, pero cuando la vida de un hijo está en peligro, la familia tiene esa única opción: internar, cuidar y sanar», dijo Lala como introducción a la lectura del petitorio que presentaron a los legisladores.
Tras apuntar que la actual ley de Salud Mental 26657, sancionada en 2010, «es una ley de escritorio», Stella aclaró que varias familias conformaron una agrupación compuesta por médicos, psicólogos, psiquiatras, psicólogos sociales y directores de comunidades terapéuticas, «para la creación de una ley especifica de adicciones».
Luego, listó los lineamientos del petitorio, entre los que mencionó «tener en cuenta la vulnerabilidad sostenida en el tiempo que exponen al paciente a exponerse a situaciones de riesgo, especificar y protocolizar el rol de las interdisciplinas y el de las fuerzas de seguridad y jueces con capacitaciones continuas».
Otro ítem mencionado en la propuesta está el de «protocolizar las internaciones compulsivas, contemplando la necesidad de tratamiento como riesgo evolutivo o potencial, instituir el abordaje del síndrome de abstinencia para la desintoxicación y para adquirirlo como modo de vida».
Maurig también propuso, en el petitorio, «empoderar las diversas metodologías de abordaje, jerarquizar la polivalencia de la atención de las comunidades terapéuticas y proponer políticas sanitarias y preventivas enfocadas en la reducción a la demanda y la oferta de drogas».
Por su parte, Charpentier reclamó por «inversión en salud mental o que simplemente creen una nueva ley de Adicciones porque la actual no se aplica, aunque adherimos a los derechos de los pacientes que se mencionan».
Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se reavivaron durante las últimas semanas a partir del gran despliegue mediático en torno de la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinatto, Felipe (29), tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien murió en el siniestro.
Frente a esta situación, surgieron también numerosas manifestaciones de defensa de la norma, como la nota que enviaron al Congreso más de 200 organizaciones para advertir que «una eventual reforma (de esta ley) podría significar un grave retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial».
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