El foro que nuclea a ex mandatarios y funcionarios latinoamericanos difundió un comunicado en el que habla de «un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos».
El Grupo de Puebla, el foro político y académico que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos, aseguró este jueves que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima de «una guerra jurídica (lawfare)» en el proceso que se le sigue por el supuesto direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
«El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica (lawfare) que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos», aseguró el Grupo en un comunicado.
Agregaron que “este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Luis Inacio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo».
Por último expresan su «repudio a esta persecución” y advierten «sobre los graves riesgos que entraña para la democracia argentina”.
Entre los firmantes del documento de rechazo al juicio que se le sigue a Cristina Kirchner están la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff; el exjefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.
También firman el comunicado el exmandatario de Ecuador Rafael Correa; el expresidente del Paraguay, Fernando Lugo; y el excanciller brasileño Celso Amorim.
Entre los 26 firmantes también aparece Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal; el político chileno Marco Enríquez-Ominami y el exministro de Defensa de Ecuador Ricardo Patiño, entre otros.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada en un proceso en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la concesión de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, y en el cual el fiscal Diego Luciani acusa a los imputados de conformar una «asociación ilícita».
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