La medida fue dictaminada por el Ministerio de Justicia a cargo de Martín Soria por un lapso de 180 días hábiles. Sospechan que las actividades realizadas en el «Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad» sirvieron para financiar actividades proselitistas, entre ellas, el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. Investigan los ingresos y egresos.
Se trata del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por la precandidata a primera mandataria de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por haber “estructurado un sistema de ingresos y egresos destinados a financiar acciones de proselitismo político en franca contradicción con el objeto social autorizado”.
«La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza», expresan desde el Ministerio de Justicia.
En ese sentido, se advierte que este accionar «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles, sino también podría implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos» subraya el comunicado de la cartera a cargo de Martín Soria.
Luego de investigar los movimientos dinerarios y actividades de los directivos del IEES en 2022, la IGJ determinó que se trata de una organización sin fines de lucro, que desplegó actividades “presuntamente lícitas en origen”, pero que en el fondo, sostenían una campaña política de proyección nacional: la de la dirigenta macrista y Presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
La IGJ enumeró los millonarios montos que recibió la fundación de Patricia Bullrich justificados para “seminarios, almuerzos y/o aportes”, las facturas emitidas a “consultores políticos” cercanos a la campaña, y los pagos de los “viajes” que, sospechosamente, coinciden con la agenda de su presidenta, la jefa del PRO.
El Instituto de Patricia Bullrich «en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, pasó a recaudar más de $90 millones».
Entre los ingresos sospechosos que tuvo la fundación de Patricia Bullrich, se encuentran los tres millones de pesos recibidos desde la cuenta del ex funcionario de la dictadura militar argentina, David Lacroze Ayerza, bajo el justificativo “seminarios, almuerzos y/o aportes”.
La denuncia del IGJ hacia la fundación de Patricia Bullrich, también tilda de “llamativo” el ingreso de $ 1.600.000 entre julio y octubre del 2022 de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, como “aporte/donación” y “seminario”, siendo todos los pagos de igual monto.
Además, el organismo dependiente de la cartera judicial, cuestiona el modo en que la fundación de Patricia Bullrich confecciona sus facturas, ya que no detalla fechas, lugar de realización, nombre de la actividad, o cantidad de asistentes, y solo se limita a consignar las palabras “seminario”, “almuerzo” o “capacitación”.
De esta manera, la IGJ a cargo de Ricardo Augusto Nissen expresó que todos los pagos, tanto emitidos como recibidos, no solo “no guardan relación con el objeto social de la entidad, sino que tampoco resultan consistentes en cuanto a volumen”, teniendo en cuenta la situación que atravesaba la fundación de Patricia Bullrich pocos años antes del 2022.
Según las indagaciones realizadas por el IGJ, en el 2019, la fundación presidida por Patricia Bullrich, tuvo un ingreso total de $ 741, mientras que el 2022, lo cerró con una cuenta bancaria que superaba los $ 90 millones.
Además, el documento alude a que el diputado Gerardo Milman renunció como vocal de la fundación de Patricia Bullrich “al mismo tiempo que dejó de participar en el equipo de campaña” de la precandidata a presidenta, lo cual “permite confirmar que IEES es una formal persona jurídica sin fines de lucro, utilizada para la campaña política nacional de la autoridad máxima de la institución”.
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