La jueza federal con competencia electoral en CABA, María Romilda Servini de Cubría, inició dos causas penales y afirmó: «Llevo organizadas 30 elecciones y nunca ví algo así». Además, unos 200 votantes apelaron a la Fiscalía Nacional Electoral por el mal funcionamiento de las máquinas o la vulneración del secreto y en una escuela aparecieron boletas de la elección en Paraguay, que la empresa proveedora, Magic Software, había organizado en abril, con denuncias de fraude.
«Llevo organizadas 30 elecciones y nunca ví algo así. Fue un desastre el sistema electrónico», sostuvo Servini este martes en declaraciones a AM750 sobre los trastornos que generó la BUE y el desdoblamiento de la elección, que Horacio Rodríguez Larreta implementó para beneficiar a su aliado Martín Lousteau.
Página/12, reveló «la trampa electoral» en base a presentaciones realizadas por la jueza federal con competencia electoral en el distrito, María Servini, junto a otro centenar de denuncias presentadas por ciudadanos individuales que se vieron afectados y explicó así:
«Eran las 8 y cuarto de la mañana del domingo cuando, en el Instituto Bernasconi, en Parque Patricios, la primera votante advirtió que la máquina no le tomaba la boleta. Intentó una, dos, tres veces, sin éxito. Para sorpresa de las autoridades de mesa, el problema estaba en una pila de boletas viejas, de la elección presidencial de Paraguay, que obturaban la ranura. En el país vecino, como en la elección para jefe de Gobierno porteño, también se votó con Boleta Única Electrónica y la empresa proveedora fue la misma, Magic Software. Fue en abril de este año, en un proceso que recibió denuncias -y varias movilizaciones- por fraude. La escena fue una más entre las tantas que se vivieron en las escuelas porteñas durante la elección desdoblada y concurrente, y que por los distintos trastornos que generó en el electorado fue judicializada».
“Hubo escuelas en las que los votantes estuvieron dos horas parados. En otras, las máquinas no andaban, o los cables estaban sueltos, con el peligro que eso conlleva de que la gente se pudiese tropezar. Los técnicos que mandaban cuando había un problema no sabían qué hacer, no eran técnicos”, describió la jueza, que realizó dos presentaciones por “averiguación de delito” contra los funcionarios del Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño. Una de ellas quedó a cargo, por sorteo, del juez federal Julián Ercolini, y la otra del juzgado federal 9, que subroga María Eugenia Capuchetti.
En paralelo, la fiscalía electoral de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ramiro González, recibió 22 denuncias puntuales de votantes de a pie referidas al sistema BUE. De ese total, 15 se debieron a «problemas por mal funcionamiento de las máquinas», otras cinco al «impedimento para el voto por parte de autoridades de mesa» y otras dos por «incumplimiento del anonimato» a la hora votar. La fiscalía electoral nacional recibió otras 127 denuncias referidas a los mismos problemas.
Yo te avisé
Ante el planteo de Servini y las evidencias del desastre de la organización de la elección, que ya había colmado las redes sociales, el domingo por la noche la Cámara Nacional Electoral emitió un durísimo comunicado en el que dejó en claro que las condiciones pautadas de antemano para la organización del comicio “no fueron cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad”. La Cámara también los responsabilizó por no haber realizado las auditorías correspondientes sobre las máquinas y el software de la empresa, y que había advertido sobre el asunto el 27 de julio, 20 días antes de la elección.
Pero las observaciones sobre los posibles problemas datan desde el momento mismo en que el IGE porteño adjudicó –por 29 millones de dólares– la elección a Magic Software Argentina. La fundación Vía Libre presentó una cautelar en la que pidió que en la Ciudad se vote en papel, en la que expuso las vulnerabilidades de la BUE, que podrían verse acrecentadas por el desdoblamiento concurrente. La medida fue desechada por la justicia electoral porteña, primero, y por el TSJ, después. “No pueden decir que no sabían que esto podía pasar. Les presentamos varias advertencias, documentadas, sobre los riesgos de implementar este sistema. Es lamentable que la justicia de la Ciudad no haya tomado nota de esto. Podrían, de mínima, haberle dado vista al IGE, pero no lo hicieron”, se lamentó en diálogo con Página/12 Beatriz Busaniche, titular de Vía Libre.
¿Cuántos votantes se vieron afectados?
La jueza también precisó que se detectaron problemas en 251 mesas de la Ciudad, un universo aproximado de 60 mil votantes. Recién a partir de este miércoles, que empieza el conteo definitivo, se podrán abrir las urnas afectadas –las nacionales, con la boleta tradicional en papel, y las locales, con la BUE– para determinar el alcance del daño en materia de participación electoral.
Si se toma el porcentaje total de participación de cada elección, aparece una brecha de ocho puntos: fue del 70 por ciento en la nacional –que se votaba primero– y del 62 en la porteña. De todos modos, el número puede ser engañoso, dado que en el padrón de la Ciudad hay unos 500 mil migrantes que sólo votan categorías locales y que muchas veces no van a votar –el Gobierno porteño no realiza las campañas de concienciación sobre ese derecho–, lo que baja drásticamente el promedio.
Desde el IGE, por ahora, sostienen que “se inició una etapa de análisis” sobre lo que sucedió el domingo, y reconocen que hubo problemas en las 251 mesas que señaló la jueza. Aunque aclaran que “166 se repararon en el momento” y que otros “85 equipos tuvieron que reemplazarse”. “Esos casos representan menos del 2% de las más de 14.000 máquinas destinadas a la jornada electoral”, se atajaron. Por ahora, no parece haber voluntad para reemplazar el sistema.
Como parte de la “improvisación” que denunció, la jueza remarcó la renuncia “a mitad del proceso” del ex titular del IGE, Ezio Emiliozzi, que debió correrse del cargo por presiones internas, dado que se negaba a firmar un convenio para difundir el sistema de votación. Luego se supo que para tal fin se contrató a una empresa de marketing, pero el IGE nunca quiso revelar el monto de la contratación. Ya hubo polémica con la contratación de Costa Salguero para el recuento de votos, por 128 millones de pesos, que Servini mandó a dar de baja. La jueza también señaló que hubo una contratación para una “encuesta” posterior a la elección. “Les va a dar que fue un desastre” concluyó.
© Grupo Agencia del Plata, todos los derechos reservados