La legisladora por el Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro denunció que la Ciudad de Buenos Aires está «incumpliendo con la Ley de Prevención contra la Tortura», al no conformar un Comité en la Legislatura porteña, y consideró que es fundamental que «este mecanismo esté funcionando, porque si no es peligroso para la democracia».
“Todos los pasos se llevaron adelante en tiempo y forma, lo único que falta es que las y los diputados voten a quiénes van a integrarlo. El acuerdo en un primer momento estuvo, pero se rompió y hoy hay una definición del oficialismo (Bloque del PRO) de que no se termine de conformar el Comité contra la Tortura”, afirmó Victoria Montenegro.
La legisladora denunció a los legisladores del bloque oficialista por “frenar” la conformación del Comité y señaló que “en un contexto tan complejo” en términos de violencia política, “es fundamental que este mecanismo esté funcionando, porque si no es peligroso para la democracia”.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña indicó que “la Ciudad de Buenos Aires está incumpliendo con la Ley de Prevención contra la Tortura. Hay 13 provincias del Estado nacional que están en cumplimiento, pero nosotros no”.
“Hay que pedirle explicaciones al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), y al vicepresidente de la comisión (de derechos humanos), el diputado radical Martín Ocampo, que integra el bloque del PRO”, agregó la legisladora.
Según explicó Montenegro a esta agencia, el Comité para la Prevención de la Tortura tiene dos elementos fundamentales, “la pata institucional conformada por las autoridades, el ejecutivo, las y los diputados y la Defensoría del Pueblo. Y la otra pata que integran las organizaciones sociales”.
“Lamentablemente las y los diputados del bloque oficialista no están cumpliendo con su responsabilidad, no asisten a las reuniones y eso está frenando la designación de las organizaciones que conformarán el Comité contra la Tortura, que tienen la función de regular al ejecutivo y a los legisladores para que efectivamente en la Ciudad se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”, destacó.
Las organizaciones que se presentaron en audiencia pública y sus respectivos abogados son Claudia Cesaroni por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), Indiana Guerrero de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Gisela Cardozo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Manuel Trufó del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Alexis Kalczyniski del Movimiento No Matarás.
“Si las y los diputados no votamos antes del 9 de diciembre el dictamen se va a vencer y habrá que volver a empezar todo de nuevo, pero se habrán perdido dos años de la presencia y del trabajo de las organizaciones, que son las que tienen que supervisar nuestro trabajo y garantizar que se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad”, completó la Legisladora por el Frente de Todos.
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