La orden fue del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 , a cargo de la investigación judicial presentada por Juan Grabois, en el contexto de la medida cautelar que obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a repartir las seis mil toneladas de alimentos retenidas en galpones del Ministerio de Capital Humano. Los comedores comunitarios siguen sin recibir ni comida ni fondos desde diciembre, cuando asumió la administración anarco-colonialista del presidente Milei.
Por Oscar Dufour | (*)
Con el objetivo de recabar información sobre la retención y vencimiento de alimentos que el ministerio de Capital Humano debía entregar, el juez Sebastián Casanello emitió una orden de presentación con allanamiento en la Dirección de Logística, que se concretó este jueves y apuntó a «secuestrar documentación y computadoras que contenían información sobre la logística, stock y fechas de entrega» de la mercadería retenida en la cartera a cargo de Sandra Pettovello, cada vez más complicada en la investigación judicial por alimentos vencidos.
El demoledor informe de UNICEF del 13 de agosto pasado había revelado que «un millón de niños se va a dormir sin cenar en Argentina»; un estudio anterior dado a conocer en junio, indicaba que había un millón de menores de 18 años que no ingerían alguna comida a lo largo del día y si se suma a los adultos que habitan en esas casas, el número de compatriotas que no pueden acceder a la alimentación crece a 4,5 millones de personas.
Un marco de crueldad, impiedad e insensibilidad de un Estado ausente, donde el propio INDEC informó a principios de mes que en la Argentina el 55% de la población es pobre y el 20% indigente. Los datos surgen del análisis de la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al primer trimestre del año, lo que proyecta en la actualidad cifras muy superiores. La represión del gobierno de Milei a jubilados y jubiladas que marchaban ayer contra el veto presidencial, que incluyó el uso de gases lacrimógenos y violencia física, cruzó un límite sin retorno.
Por estas horas, más de 160 comedores comunitarios y un grupo de organizaciones sociales que forman parte del amparo colectivo aseguran que siguen sin recibir ni comida ni fondos desde diciembre, cuando asumió el presidente Milei.
Que se llevó la Justicia
La computadora asignada a Pablo Ariel Berardi -director de Logística-, todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo de 2024, así como los partes diarios de los depósitos “Buenos Aires” y del Centro Operativo Tucumán, que debieron incluir detalles sobre stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos. También la provisión de constancias del sistema informático S.U.M.A. que registraron los movimientos de alimentos desde la misma fecha.
La orden de presentación incluye el acceso a varias cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios para actividades oficiales, con el objetivo de extraer todos los correos enviados y recibidos desde el 27 de mayo hasta este jueves.
El viernes pasado una inspección realizada por orden del juez federal Ariel Lijo en el «galpón de Villa Martelli» habría encontrado excremento de gato en la mercadería y olor a orina rodeando los productos allí acopiados por el ministerio de Capital Humano.
También, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa intimó para que explique en plazos de cinco a diez días cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios, algo que le exigió a la ministra Pettovello en una cautelar que dictó el 12 de julio último y que todavía no registra respuesta.
No nos lleven al infierno, el hambre de los que no tienen nada, no puede esperar.
Los que quieran oír… que oigan
(*) Oscar Dufour es escritor, periodista y ensayista Argentino. Presidente © Grupo Agencia del Plata. Columnista de medios internacionales. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Moreno – Provincia de Buenos Aires.
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