En una presentación judicial sin precedentes, un grupo de familias de personas con discapacidad de diversos puntos del país denunció penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Salud Mario Lugones, y a los funcionarios Alejandro Vilches y Diego Spagnuolo. La causa, caratulada como CFP 1624/2026, acusa al gobierno nacional de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
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La denuncia, que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 5, sostiene que el Gobierno Nacional lleva adelante una política sistemática de desamparo. Bajo el patrocinio del Dr. Javier Garin, los familiares afirman que existe una intención manifiesta de agredir al colectivo de personas con discapacidad mediante el recorte de recursos esenciales.
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En los fundamentos de la demanda, se destaca que la salud de este sector requiere de una atención ininterrumpida que hoy está siendo vulnerada. Los denunciantes alertan que la falta de asistencia, rehabilitación y esquemas farmacológicos pone en riesgo efectivo la vida de los pacientes, calificando la situación actual como un «genocidio por goteo» que ya habría ocasionado daños irreversibles y muertes.
Los ejes de la denuncia
Para demostrar la sistematicidad de esta «agresión», la presentación judicial realiza un recuento de las medidas tomadas desde la asunción de la actual gestión:
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Suspensión de pensiones: Recortes y bajas discrecionales de beneficios previsionales.
Desfinanciamiento del Plan Incluir Salud: Demoras críticas en las transferencias que garantizan la cobertura médica.
Crisis en instituciones: Falta de pago a cottolengos y centros de día que los deja al borde del cierre.
Incumplimiento legal: Violación de la Ley de Emergencia, la Constitución Nacional y convenciones internacionales con jerarquía constitucional.
Violencia institucional: Se mencionan reiteradas agresiones verbales y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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Convocatoria a sumar firmas
Los familiares denunciantes hicieron un llamado público a todas las personas con discapacidad y sus allegados que se sientan afectados por estas políticas para que se sumen a la causa penal.
«El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser una variable de ajuste económico; sin prestaciones se pone en riesgo la vida», concluye el documento que ahora deberá ser investigado por la justicia federal.
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