Organizaciones, instituciones, profesionales y familiares de personas con discapacidad se movilizaron este miércoles en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 y para visibilizar la situación que atraviesa el sector. Advirtieron sobre demoras en los pagos, interrupción de servicios y posibles recortes en la cobertura.
La convocatoria se desarrolló durante la mañana de este miércoles y reunió a una importante cantidad de participantes, que se manifestaron con aplausos, bombos y consignas en defensa de las prestaciones integrales. Entre los reclamos, expresaron preocupación por la continuidad de los tratamientos y el acceso a servicios esenciales.
En ese marco, una profesional de la salud sostuvo que «la discapacidad no se ajusta ni se veta» y remarcó que se trata de derechos adquiridos que no deben ser alcanzados por políticas de recorte.
Florencia Esquinazi, directora del Instituto Owatá, afirmó que el sector se encuentra «preocupado y desbordado» y cuestionó la reapertura de debates que, según indicó, ya habían sido saldados. «Estamos volviendo a discusiones de hace 10 o 20 años, sobre cuestiones que ya se trabajaron y que demostraron ser el camino», expresó.
Además, señaló dificultades en los procesos de auditoría y el impacto que esto genera en las instituciones que prestan servicios. En la misma línea, Amanda Álvarez, responsable del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (Cadifu), planteó que existe una estigmatización hacia el sector. “Se pone en duda permanentemente que las prestaciones sean legítimas”, indicó.
Álvarez, también madre de un niño con discapacidad, llamó a una mayor empatía social y advirtió que se trata de una problemática que puede atravesar a cualquier familia. “Nadie está exento de esta realidad”, afirmó.
Por su parte, familiares expusieron las consecuencias concretas de la situación. María Rosa Rodríguez de Olivera relató que su hija debió interrumpir sus terapias debido a la falta de pago a los profesionales. Según explicó, las deudas con prestadores se mantienen desde hace varios meses, lo que derivó en la suspensión de servicios e incluso el cierre de algunas instituciones.
En ese contexto, advirtieron que la interrupción de tratamientos implica retrocesos en el desarrollo y la calidad de vida de las personas con discapacidad. También señalaron dificultades para acceder a medicamentos y afrontar costos que no son cubiertos por obras sociales.
Trabajadores del sector coincidieron en que la falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos generan un escenario crítico. “No podemos sostener el sistema en estas condiciones”, indicaron, y reclamaron respuestas urgentes por parte de las autoridades.
La movilización se replicó en distintas ciudades de Argentina y volvió a poner en agenda la situación del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, en medio de reclamos por financiamiento, continuidad de servicios y garantía de derechos.
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