En el Congreso Nacional existen varios proyectos de ley presentados para cambiar esta situación. El más reciente es el impulsado por el diputado Esteban Paulón, denominado «Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida».

El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, presentó un proyecto para regularizar la eutanasia en Argentina. La iniciativa apunta a personas que padezcan enfermedades graves e incurables o sufrimientos considerados intolerables, estableciendo los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento.
«Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud, y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento», expresó Paulón.
EUTANASIA.
POR EL DERECHO A DECIDIR. Y LA LIBERTAD DE PODER HACERLO.Presenté un proyecto del ley para garantizar la “muerte voluntaria médicamente asistida”.
Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y… pic.twitter.com/huzVoFa399— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 26, 2026
«La asistencia médica para morir queda configurada como una prestación del sistema de salud, sujeta a estándares de calidad, cobertura obligatoria e integración efectiva con los cuidados paliativos y el acompañamiento al final de la vida», señala en los objetos de la iniciativa.
En el artículo 2, el diputado propone que la «autonomía relacional» de las personas, para que puedan ejercer su «voluntad de diálogo con el equipo de salud y sus vínculos significativos, libre de toda presión externa o interna indebida».
Además, señala que toda persona «tiene derecho a no ser obligada a sostener condiciones médicas que considere incompatibles con su dignidad personal» y que la asistencia médica «debe realizarse de modo que no cause sufrimiento innecesario a la persona solicitante».
Entre otros puntos, también establece que la decisión debe ser voluntaria y que se integra «como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida, garantizando previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales».
La iniciativa establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud. A su vez introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen esas decisiones.
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