El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, fueron denunciados este viernes tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los más de 1.000 millones de dólares que perdió el Estado a raíz de operaciones financieras en las que utilizaron parte del oro de las reservas como bien de respaldo. «Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra», alertó en la presentación el abogado Gregorio Dalbón.
La presentación surge a partir del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Central correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con esos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado durante 2025 resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones en moneda de cierre: USD 960,2 millones correspondientes a resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones por pago de primas.
El abogado Gregorio Dalbón le solicita a la Justicia que determine quién decidió estas operaciones, quién las autorizó, quién las diseñó, con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos fueron asumidos, qué controles existieron y si de esas decisiones derivó un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
Esta primera presentación tiene como objetivo radicar formalmente la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y preservar el marco procesal para avanzar sobre la documentación y las responsabilidades.
En tanto, el próximo martes 13 de octubre, Dalbón ampliará la denuncia ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita con nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan. Además, requerirá que se evalúen medidas urgentes de preservación de prueba.
En el escrito, Dalbón sostiene que «1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra».
«Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley», concluyó.
© Grupo Agencia del Plata, todos los derechos reservados
