Las comunidades educativas, docentes, no docentes y estudiantes lanzaron un petitorio nacional para exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Familias autoconvocadas, docentes y no docentes y centros de estudiantes de colegios preuniversitarios y anexos de La Plata, Salta, Córdoba y CABA lanzarán este viernes 12 un petitorio nacional que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente y el rechazo del recurso presentado por el gobierno encabezado por Milei.
Se trata de comunidades relacionadas con el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA); la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (de la Universidad Nacional de Córdoba); Escuelas de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata: Jardín y Escuela Graduada Joaquín V. González, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes Francisco de Santo, Colegio Nacional Rafael Hernández, Escuela de agricultura y ganadería Inchausti (Universidad Nacional de La Plata); y representantes de la comunidad del Instituto de Educación Media Arturo Oñativia (Universidad Nacional de Salta). Todos ellos participarán de una conferencia de prensa en la sede nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“Vamos por un millón de firmas y porque más escuelas dependientes de universidades nacionales se adhieran a esta iniciativa que tiene como único objetivo que se respete la institucionalidad y la independencia de los poderes y aplique la ley aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación. De la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia dependen nuestros colegios preuniversitarios, jardines de primera infancia, colegios primarios, servicios de hospitales públicos, investigadores del CONICET, facultades de distintas carreras de grado a lo largo y ancho del país. Llamamos a que más familias y comunidades educativas, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sumen a esta propuesta para poder sostener las mesas callejeras que nos permitan llegar al objetivo de reunir un millón de firmas”, sostuvieron los organizadores.
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