«Desde la Defensoría vamos a hacer algún planteo, pero no queremos un proceso judicial que tarde tres años, nos gustaría una suerte de mediación encaminada a resolver los reclamos de los estudiantes que generaron las tomas», explicó la funcionaria.
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, dijo este sábado que mediará entre las autoridades educativas porteñas y estudiantes secundarios que reclamaron viandas saludables, mejoras edilicias y contra las pasantías laborales obligatorias «para encaminar el diálogo y la resolución» y llamó a evitar «poner el foco solo en las tomas de escuelas».
«Desde la Defensoría vamos a hacer algún planteo, pero no queremos un proceso judicial que tarde tres años, nos gustaría una suerte de mediación encaminada a resolver los reclamos de los estudiantes que generaron las tomas», aseguró Graham.
La Defensora se refirió de esa manera a las demandas de estudiantes de escuelas secundarias que derivaron en la toma de una veintena de establecimientos, un conflicto que se mantuvo activo durante dos semanas, y que a pesar de haberse levantado las medidas, continuó con semaforazos y abrazos a los colegios ante los reiterados rechazos del Gobierno porteño de entablar un canal de diálogo.
«Si pones el foco en las tomas, se pierden las necesidades que las y los estudiantes manifiestan que no son debidamente garantizados en la escuela», explicó Graham, quien el pasado jueves se reunió con estudiantes en representación de la mayoría de escuelas que encabezaron los reclamos.
La defensora añadió: «Creemos que tiene que haber mediación y diálogo, donde chicas y chicos del secundaria se vean satisfechos y baje el nivel de conflictividad, sin estigmatizar a quienes tienen el derecho a la libre protesta y no son terroristas».
En referencia a las demandas judiciales realizadas por el Ministerio de Educación porteño a padres y madres de estudiantes que realizaron tomas por una supuesta infracción al artículo 60 del Código Contravencional y la solicitud de 1,5 millones de pesos por sueldos docentes, Graham apuntó que «es jurídicamente inviable y un amedrentamiento a las y los chicos y familias».
A su vez, confirmó que «las peticiones del 2018, donde se judicializaron las tomas, fueron denegadas recién el jueves pasado».
En este camino, la Defensora confirmó a los estudiantes que el organismo estudiará y pedirá que se mejoren los mecanismos administrativos de solicitud de viandas en las escuelas y pondrá luz sobre el tema de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas.
«Con las viandas hay varias cuestiones. Además de que se pretende que sean de calidad nutricional, hay un formulario que deben llenar las familias que resulta estigmatizante y discriminatorio, donde piden detalles sobre la forma y con quién viven e ingresos laborales, un certificado del recibo de sueldo; y muchas familias no tienen empleos regulados y puede darles vergüenza pasar por eso», explicó Graham.
La Defensora calificó ese procedimiento como «una suerte de carta de pobreza».
Sobre las prácticas laborales, indicó que la ley 3541 especifica que deben ser enmarcadas en un proyecto pedagógico y no ser obligatorias para estudiantes de los últimos dos años del secundario, pero indicó que hay otra resolución local, la 3958/21, que modifica esa norma.
«Una primera ley dice que esas prácticas son optativas y la Resolución cambia el sistema de esta ley, al hacerlas obligatorias y modifica su denominación al llamarlas «Actividades de Aproximación al mundo del trabajo» (ACAP), por lo que no queda claro qué es lo que está vigente, pero sabemos que una Resolución nunca puede derogar una Ley», explicó.
Además, refirió que los estudiantes reclaman sobre la falta de planificación y contenido pedagógico de esas prácticas e inexistencia de viáticos y acompañamiento docente, que es lo que establece la normativa.
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