El Tercer Malón de la Paz brindó una conferencia frente a Tribunales y la Corte sigue sin recibirlos. Los pueblos originarios no piensan moverse hasta obtener la debida respuesta, piden que se anule la reforma de Jujuy impulsada por el «represor» Morales y ahora también denuncian violencia insitucional por parte del gobierno de Larreta.


 

 

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz dieron hoy una conferencia de prensa en Plaza Lavalle, para reiterar su reclamo en contra de la violencia institucional y la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por Gerardo Morales, en el marco de la movilización que partió el 25 de julio desde la provincia. Desde el 1 de agosto permanecen frente al Palacio de Justicia.

Apostados frente al edificio de Tribunales, reiteraron su repudio a «la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT, la violencia institucional, la suspensión de los efectos y contravenciones, la inconstitucionalidad de la reforma provincial» entre otros reclamos.

Una de las integrantas contó: «Como dijeron los hermanos, muchos viven de sus haciendas, de sus artesanías, de su agricultura. Esta reforma nos afecta a todos a lo largo y ancho de la provincia: yo no voy a poder tener el derecho de criar una hacienda. Nosotros somos pequeños productores. Yo estoy aquí para que los jueces anulen esta reforma. Nadie está de acuerdo. Yo me vine con una decisión, dejando mi hacienda, mis nietos, mis hijos… ¿por qué me vine? Porque mis padres me enseñaron que no debemos dañar la tierra, porque me da pena, porque el gobierno nos va a quitar nuestras tierras, nuestros recursos naturales. ¿De qué van a vivir nuestros animales? Son las tierras que nos dejaron nuestros abuelitos para que las cuidemos y respetemos. ¿De qué van a vivir esas generaciones que vienen más adelante? Eso es lo que más me duele a mí», señaló.

Además, los representantes de los más de 400 pueblos originarios que conforman el malón denuncian que son discriminados y que la Policía de la Ciudad no les permite armar carpas y usar baños químicos. Desde hace tres días que permanecen frente a la Corte, en Plaza Lavalle, para exigir que se les oiga, padeciendo frío y maltrato por parte de las autoridades de CABA.

 

 

«Por favor, publiquen lo que estamos viviendo», decía una joven con un megáfono. «Después de que nosotros les damos nuestro voto, nuestro apoyo, hoy nos ven como un animal (…) Nosotros no tenemos ni 4, ni 6 ni 8 horas, nosotros trabajamos de sol a sol», enfatizó.

Este jueves los integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregaron un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución y advirtieron que continuará con la «permanencia y vigilia» hasta obtener una respuesta.

«Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos», señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.

«No nos permiten cubrir ni siquiera las necesidades de los derechos humanos básicos que deben garantizarse y hoy; no solo denunciamos el atropello del gobernador Gerardo Morales, sino del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque nos está limitando», agregó.

Una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios que conforman el Tercer Malón de la Paz iba a reunirse ayer con los jueces de la Corte, pero tras idas y venidas finalmente no los recibieron.

Los manifestantes partieron con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de julio pasado desde diversas localidades jujeñas como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas.

Entre sus objetivos, reclaman que la Corte «se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña; que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y que tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes».

También piden el «cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la reforma», según informaron en un comunicado.

 

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